El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, aseguró que el Gobierno no aceptará nunca "ningún chantaje de esa gentuza", en referencia a la banda terrorista ETA, que, según se supo el 20 de enero, mantiene secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Belloch hizo estas declaraciones tras reunirse con los sindicatos de funcionarios de prisiones, acompañado por la secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso, y varios altos cargos de Instituciones Penitenciarias. Tras el encuentro, los sindicatos llamaron a la serenidad del colectivo penitenciario.
El responsable de Interior dijo que tras analizar el vehículo del funcionario, la Policía obtuvo algunas pistas sobre los posibles autores de la acción y enmarcó el secuestro en la reciente estrategia de ETA, que "en los últimos tiempos actúa con un criterio de absoluta indisicrminación y sin ninguna justificación concreta", porque "el objetivo de ETA somos 30 millones de ciudadanos".
ETA se atribuyó la noche anterior la autoría del secuestro de Ortega Lara, que desapareció el 17 de enero en Burgos cuando regresaba a su domicilio después de trabajar en la prisión de Logroño, donde tiene su destino.
Esta acción supuso una novedad en la estrategia de la banda porque era la primera vez que ETA secuestraba a un trabajador penitenciario -aunque ha asesinado a varios-, y también era novedoso que mantuviera retenidas a dos personas al mismo tiempo, ya que aún tenía en su poder al empresario José María Aldaya.
Fuentes policiales se inclinaron por la hipótesis de que ETA podría haber utilizado a tres o cuatro personas de un comando dedicado hasta ahora a otras acciones.
Cabe la posibilidad de que este comando fuera el mismo que cometiera en los meses anteriores varios atentados en Castilla y León, al parecer un grupo ("talde") que podría desplazarse periódicamente desde Guipúzcoa para atentar.
La sospecha de que la banda iba a intentar una acción contra el colectivo penitenciario había motivado hace días una circular del director general de Instituciones Penitenciarias, David Beltrán, dirigida a todas las prisiones, en la que recomendaba extremar las medidas de protección, tanto a los responsables de los centros como a sus trabajadores.
Isaac Díez, portavoz de la familia y cuñado del secuestrado, aseguró que la esposa de José Antonio Ortega, que tiene un hijo de tres años, estaba muy afectada, "aunque con la esperanza de su regreso".
Díez calificó de "inexplicable" este secuestro, porque el funcionario no tiene en su trabajo relación directa con los presos, ni estaba amenazado, y que "realiza labores relacionadas con la administración e información".
El presidente del Partido Popular, José María Aznar, expresó su solidaridad con la familia de Ortega Lara, dijo que "estamos en un momento en el que cualquier español puede ser víctima de ETA" y afirmó que su partido tiene la decisión "de acabar claramente, con la ley en la mano, con los terroristas y con quienes les apoyan".
El coordinador general de la Presidencia de IU, Mariano Santiso, consideró que con este secuestro, ETA trata de buscar la cohesión entre sus presos y amedrentar a quienes ponen en duda la validez de los métodos de la organización.
El secretario general de CC.OO, Antonio Gutiérrez, expresó la "enérgica condena" del sindicato por el secuestro de José Antonio Ortega y exigió su "inmediata liberación", al igual que las de Aldaya y Publio Cordón.
El portavoz de la Mesa Nacional de HB, Floren Aoiz, prefirió callar, porque consideró que "por el momento, cualquier comentario sería apresurado y si es que hay alguna organización detrás de estos hechos, es de suponer que lo aclarará en su día".
